Jueves 13/08/2026
EL PARTIDO JUSTICIALISTA RECHAZA LA REFORMA DE LA LEY DE CONCESIONES DE LA PROVINCIA
El Partido Justicialista de Entre Ríos manifiesta su rechazo al dictamen que emitieron los diputados oficialistas de las comisiones de Legislación General y de Obras Públicas y Planeamiento de la Cámara de Diputados a favor de reformar la recientemente sancionada Ley de Concesiones.
La modificación impulsada por el oficialismo habilita a transferir a manos de terceros, públicos o privados, nacionales o extranjeros, actividades y funciones esenciales del Estado como la educación, la salud, la seguridad, la administración de justicia y el servicio penitenciario.
La Ley N.º 11.280 (Régimen General de Concesiones de la Provincia) fue sancionada en abril tras haberse reformado el artículo 5º enviado inicialmente por el Poder Ejecutivo. Esto evitó cualquier posibilidad de concesión, delegación, privatización o transferencia a terceros de áreas sensibles del Estado. Pero, apenas fue promulgada la norma, el oficialismo presentó a través de la diputada Noelia Taborda un proyecto de modificación para dar marcha atrás con lo consensuado y reponer la redacción original del artículo 5º.
Nos preocupa no solo el peligroso contenido de la modificación propuesta sin ninguna explicación, sino también el mensaje institucional que transmite.
Habilitar la concesión, privatización o transferencia a terceros de la gestión de servicios que son esenciales para las y los ciudadanos no es solo una discusión jurídica, sino fundamentalmente una definición del rol que debe asumir el Estado en la garantía de derechos fundamentales.
La educación, la salud, la justicia y la seguridad son responsabilidades indelegables del Estado.
La Ley N.º 11.280 (Régimen General de Concesiones de la Provincia) fue sancionada en abril tras haberse reformado el artículo 5º enviado inicialmente por el Poder Ejecutivo. Esto evitó cualquier posibilidad de concesión, delegación, privatización o transferencia a terceros de áreas sensibles del Estado. Pero, apenas fue promulgada la norma, el oficialismo presentó a través de la diputada Noelia Taborda un proyecto de modificación para dar marcha atrás con lo consensuado y reponer la redacción original del artículo 5º.
Nos preocupa no solo el peligroso contenido de la modificación propuesta sin ninguna explicación, sino también el mensaje institucional que transmite.
Habilitar la concesión, privatización o transferencia a terceros de la gestión de servicios que son esenciales para las y los ciudadanos no es solo una discusión jurídica, sino fundamentalmente una definición del rol que debe asumir el Estado en la garantía de derechos fundamentales.
La educación, la salud, la justicia y la seguridad son responsabilidades indelegables del Estado.
